Vacaciones en parejas separadas: cómo evitar conflictos familiares

Las vacaciones deberían ser sinónimo de descanso y disfrute, pero para muchas parejas en proceso de separación o divorcio, pueden convertirse en una fuente de tensión. La gestión del tiempo con los hijos durante el verano es uno de los temas más delicados en el ámbito del derecho de familia. ¿Qué hacer cuando no hay aún una sentencia? ¿Cómo evitar conflictos innecesarios?

Cuando la separación llega antes del verano

Si la crisis matrimonial estalla justo antes de las vacaciones y aún no existe una sentencia judicial ni un convenio regulador, ambos progenitores tienen el mismo derecho a disfrutar del tiempo con sus hijos. En estos casos, lo más recomendable es alcanzar un acuerdo provisional que permita organizar el verano de forma equitativa y pacífica.

El riesgo de la sustracción internacional de menores

Lamentablemente, no siempre se logra ese acuerdo. Hay situaciones en las que uno de los progenitores aprovecha las vacaciones para viajar con los hijos al extranjero y luego no regresa. Esto puede derivar en casos de sustracción internacional de menores, especialmente preocupantes cuando los juzgados están cerrados en verano.

Durante agosto, los juzgados de primera instancia en España están inactivos, lo que significa que cualquier acción legal no podrá iniciarse hasta septiembre y la vista podrá demorarse otros 3 o 4 meses. Para entonces, los menores podrían estar escolarizados e integrados en otro país, lo que complica aún más su retorno. En muchos casos, el juez opta por mantener a los niños en su nuevo entorno para evitar un segundo cambio brusco.

¿Qué opciones legales existen?

Si un progenitor comunica que se llevará a los hijos al extranjero, el otro puede solicitar medidas cautelares, como el cierre de fronteras. Sin embargo, este proceso es complejo y lento, especialmente en asuntos internacionales. Además, algunos abogados recomiendan no informar del viaje hasta que el progenitor ya esté en el destino, lo que dificulta aún más la intervención judicial.

Conflictos cotidianos: intercambios y visitas

Más allá de los casos extremos, también existen conflictos más cotidianos pero igualmente estresantes: ¿Cuándo se recogen a los niños? ¿Qué hacer si no se cumple el régimen de visitas? ¿Se puede llamar a la policía?

Antes, los cuerpos de seguridad como los Mossos d’Esquadra o la Policía Nacional intervenían para garantizar el cumplimiento del régimen de visitas. Hoy en día, esta práctica ha dejado de considerarse delito, lo que limita las soluciones inmediatas. Si un progenitor incumple el acuerdo, el otro puede quedarse sin ver a sus hijos durante todo el verano, y solo podrá denunciarlo en septiembre, cuando el daño ya está hecho.

La importancia de anticiparse

La clave está en adelantarse. Si la separación ocurre en verano, lo más sensato es alcanzar un acuerdo provisional que cubra el período vacacional. En septiembre, se puede formalizar un convenio regulador que organice mejor el reparto del tiempo con los hijos y evite conflictos futuros. Si el acuerdo no es posible, será necesario iniciar el procedimiento judicial tras las vacaciones.

Conclusión: prevenir es proteger

En derecho de familia, cada caso es único. No existen soluciones universales, pero sí herramientas para prevenir conflictos. Un buen convenio regulador debe definir claramente el régimen de vacaciones y otras cuestiones clave. Así se evitan sorpresas desagradables y se protege el bienestar de los menores.

CUSTODIA COMPARTIDA PARA UNA MENOR QUE NO HA CUMPLIDO TODAVÍA LOS DOS AÑOS

Hace unos días fue un día de aquellos en los que las buenas noticias hacen que compense esta profesión.

Cuando después de un proceso complejo el juez te da la razón en todo e informas al cliente ¡¡¡No tiene precio!!!

Para que os situéis, pareja con una niña de menos de dos años que se separa y la mamá impide toda relación entre padre e hija durante más de 1 mes. Alegando lactancia como impedimento no sólo para la guarda y custodia compartida sino también para pernoctas con el padre y solicita un régimen de visitas muy reducido (sin visitas intersemanales ni pernoctas los fines de semana) y una pensión de alimentos absolutamente desmesurada.

El Ministerio Fiscal informa a favor de la guarda compartida y Su Señoría, dicta una magnifica sentencia, perfectamente motivada, acordando la custodia compartida desde ya.

El juez recuerda que la autoridad judicial, al decidir sobre las responsabilidades parentales de los progenitores, debe atender de forma prioritaria al interés del menor y se remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2023:

“La doctrina de esta sala es clara y reiterada sobre los criterios que se deben tener en cuenta para adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, especialmente a partir de la sentencia 257/2013, de 29 de abril, siempre en interés y beneficio de los hijos menores, no como una medida excepcional, sino como lo más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a mantener dicha relación con ambos progenitores. Pero lo anterior no significa que la Sala no haya declarado en ocasiones la procedencia de una custodia monoparental, siempre en interés del menor, en especial cuando no existe un proyecto claro de cómo se va a desarrollar la custodia compartida, más allá de un simple reparto de tiempos (propio de una guarda monoparental) o cuando existan otras razones que así lo aconsejen”.

También cita la STS 5273/2023, de 27 de noviembre:

“En efecto, esta sala se ha pronunciado con reiteración en el sentido de que el régimen de custodia compartida constituye manifestación del interés superior del menor (Sentencias 386/2014 de 2 de julio; 393/17, de 21 de junio; 311/2020, de 16 de junio; 559/2020, de 26 de octubre; 175/2021, de 29 de marzo y 404/2022, de 18 de mayo, entre otras), en tanto en cuanto: 1) fomenta la integración del niño con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia; 2) se evita el sentimiento de pérdida; 3) no se cuestiona la idoneidad de los progenitores; 4) se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores (sentencias 433/2016, de 27 de junio; 526/2016, de 12 de septiembre; 545/2016, de 16 de septiembre; 413/2017, de 27 de junio; 442/2017, de 13 de julio; 654/2018, de 30 de noviembre; 175/2021, de 29 de marzo; 870/2021, de 20 de diciembre; 238/2022, de 28 de marzo y 404/2022, de 18 de mayo entre otras)”.

Añadiendo: “También, hemos señalado que las diferencias entre los progenitores, que hacen inviable un régimen de custodia compartida, exigen que exista prueba de que dichos enfrentamientos afecten de modo relevante a los hijos menores de edad causándoles un perjuicio (sentencias 433/2016, de 27 de junio”.

En el ámbito de nuestra Audiencia Provincial, cita, entre otras, la SAP Barcelona, Sección 18ª de 21 de junio de 2024: “Para determinar la modalidad de guarda el art. 233-8-3 CCC erige en criterio prioritario la satisfacción del interés del menor, en coherencia con lo dispuesto en los art. 211-6 del mismo cuerpo legal, art. 5 LDOIA, art. 3 CNUDI y 2.1 LOPM. La autoridad judicial debe regular la organización familiar que mejor se adapte y ajuste el interés del menor, que debe analizarse en cada caso concreto. El art. 233-11 CCC proporciona una serie de criterios que deben ponderarse conjuntamente para determinar la modalidad de guarda más adecuada en cada caso. Debe tenerse en cuenta las propuestas del plan de parentalidad y el resto de los criterios establecidos en el art. 233-11 CCC, que son los siguientes: La vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los progenitores y también las relaciones con otras personas que conviven en los hogares respectivos. La aptitud de los progenitores para garantizar el bienestar de los hijos y la posibilidad de procurarles un entorno adecuado de acuerdo con su edad. La capacidad parental es el primer parámetro que debe ser objeto de valoración. Es un criterio decisivo para decidir el modelo de guarda. La actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad a los hijos, especialmente para garantizar adecuadamente las relaciones de éstos con los dos progenitores”. Se refiere a la disposición de cada progenitor a facilitar la relación de los hijos con el otro progenitor que implica dar satisfacción al derecho del menor a relacionarse con los dos progenitores. Para que pueda funcionar un sistema de guarda compartida es imprescindible que los padres compartan la preservación de los menores del conflicto, que tengan abiertas las vías de diálogo, que sean respetuosos con el otro progenitor, que sepan renunciar responsablemente a sus expectativas, que sean flexibles con las del otro padre o madre y con las de los hijos, que respeten los ámbitos propios del menor necesitados de autonomía para alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad. El tiempo que cada uno de los progenitores había dedicado a la atención de los hijos antes de la ruptura y las tareas que efectivamente ejercía para procurarles alimentos. Este criterio de continuidad que se considera preventivo deriva de la consideración de que los cambios son generalmente fuente de estrés. El interés del menor exige que la medida que se adopte ocasione al niño el menor perjuicio y que los cambios le afecten lo mínimo posible. Para preservar la estabilidad tiene una importancia fundamental el sistema de vida, la organización familiar y, en definitiva, la dinámica familiar llevada a cabo hasta el momento en que se platea la petición sea ésta la anterior a la ruptura o la posterior a dicha ruptura inmediata a la iniciación del procedimiento. La opinión expresada por los hijos. Los acuerdos en prevención de ruptura o adoptados fuera de convenio antes de iniciarse el procedimiento. La situación de los domicilios de los progenitores y los horarios y las actividades de los hijos y de los progenitores”

No me cabe duda de que la adversa presentará recurso de apelación,  pero esa será otra historia!!

Cada caso es distinto y depende de las circunstancias concretas que el juzgado considere que está incluido o no en la pensión de alimentos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es el acuerdo entre las partes. Si la duda surge después de la separación o divorcio, cuando ya hay una sentencia, habrá que ver si se alcanzó un acuerdo en este sentido y del coste asumido de ordinario como gasto de formación o incluso si estando en trámites de separación o divorcio, si se alcanzaron acuerdos previos, en previsión de ruptura. Sea como sea, si existe un acuerdo previo entre las partes, ese acuerdo es determinante. Otro punto que hay que tener en cuenta es el nivel económico familiar y el posterior a la ruptura. (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2014: “«la condición de gastos extraordinarios depende, por un lado, de que los progenitores estuvieran de común acuerdo durante el matrimonio y, por otro, de qué el nivel económico que tuvieran continuara después de la ruptura»)

Los estudios superiores son formación y por ello se consideran gasto ordinario (artículo 237-1 del Codi Civil de Catalunya). La duda surge cuando esos estudios superiores se llevan a cabo en una universidad privada. En este caso hay que diferenciar entre el supuesto en el que el coste de la universidad es similar a los gastos de escolaridad que se tuvieron en cuenta al fijar la pensión de alimentos (en tal caso se considera un gasto ordinario incluido en la pensión) o si, por el contrario, es un gasto que excede de lo previsible. Es en este último caso, cuando el importe de la universidad privada excede del gasto ordinario de formación y, por la capacidad económica de los progenitores, no era un gasto previsible, se considera un gasto extraordinario y, por consiguiente, no incluido en la pensión de alimentos ordinaria.

En este sentido tenemos el Auto dictado por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha de 31 de mayo de 2023 (Rec. 1002/2022), que señala que el coste de una universidad privada se califica como ordinario cuando, atendido el nivel de vida de los progenitores derivado de la sentencia dictada tras la ruptura entre los progenitores puede considerarse un gasto de formación ordinario, por cuanto podía ser previsible que los estudios iban a realizarse en una universidad privada. Pero si estudiar en una universidad privada, con el sobrecoste que conlleva, rebasa  los costes que se podrían considerar normales o habituales para el nivel de vida familiar, tendrán carácter de extraordinario. (Sentencia dictada por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 6 de noviembre de 2017).

El precio de la matrícula universitaria no debe considerarse gasto extraordinario si se encuentra entre los parámetros normales de una matrícula universitaria. A sensu contrario, la matricula se considera gasto extraordinario si excede de dichos parámetros (Sentencia dictada por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 11 de mayo de 2010)

En conclusión, los gastos de matrícula de la universidad serán ordinarios si por el nivel de vida de los progenitores reflejado en la resolución judicial de origen podía ser previsible que los estudios iban a realizarse en una universidad privada, pero serán extraordinarios si rebasan los que se podrían considerar normales o habituales para el nivel de vida de esa familia en concreto.

De todos modos, como decíamos al principio, cada caso es distinto y las circunstancias de cada caso condicionan que prospere la pretensión de que se consideren gasto ordinario (incluido en la pensión de alimentos) o gasto extraordinario (a pagar por mitad, o en la proporción que corresponda). Por ejemplo:

1.- El supuesto de universidad en el extranjero. La Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto de 26 de septiembre de 2018, señaló que el coste universitario en una universidad privada en el extranjero era un gasto extraordinario al suponer duplicar el gasto formativo previo.

2.- El Auto dictado por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 29 de noviembre de 2016, citando la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2011, consideró el coste de una universidad privada como ordinario cuando, atendido el nivel de vida de los progenitores reflejado en la sentencia de divorcio, podía considerarse un gasto de formación ordinario, por cuanto podía ser previsible que los estudios iban a realizarse en una universidad privada. De ello se infiere que, si durante la convivencia los progenitores habían acordado que determinados gastos formaban parte de la formación integral de sus hijos, siempre que se mantenga el nivel económico que existía antes de la separación/divorcio, deberían considerarse los gastos acordados como ordinarios.

Caso distinto es determinar si el gasto de universidad privada es un gasto extraordinario necesario (y por consiguiente a abonar por ambos progenitores sin necesidad de acuerdo previo) o no se considera necesario y, por tanto, precisa del acuerdo previo para que nazca la obligación de asumir la mitad o el porcentaje que corresponda. En este sentido tenemos el  Auto dictado por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 26 de octubre de 2018, en el que se señaló que la formación universitaria del hijo común debía considerarse dentro de una normalidad y, subrayando que no obtuvo la nota de corte para ir a universidad pública, que el nivel de la familia permitía considerar adecuado que el hijo acudiese a una universidad, y que los propios padres previeron estudios universitarios en el convenio notarial o la sentencia dictada por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de  06 de junio de 2019, en la que se señaló que podía resultar imprevisible que, estando de acuerdo ambos padres con la universidad pública, finalmente, por imposibilidad de acceso, fuese  necesario optar por universidad privada o el supuesto recogido por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto de 26 de septiembre de 2018) que también consideró que el supuesto de universidad privada era necesario y no requería de acuerdo previo cuando el padre lo aceptó y había pagado un curso anterior.

En estos casos, no se puede condicionar la reclamación del gasto al consentimiento del otro progenitor a si era o no gasto extraordinario u ordinario, sino que el asunto deberá solucionarse completando la necesidad del gasto, así como el contenido de la resolución a ejecutar en cuanto a que los estudios universitarios son continuidad razonable de coste y alcance de los estudios primarios y secundarios, dado el nivel de la familia.

Si te encuentras en uno de estos casos, antes de decidir dar el paso, contacta y te ayudaremos a buscar la mejor solución para ti.